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NOTA INFORMATIVA: Personal interino. Publicación de la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad

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Tipo
Nota informativa del despacho
Fecha
Norma
Ley 20/2021, de 28 de diciembre

Nota informativa publicada el 4 de enero de 2022. Refleja la normativa de ese momento, que puede haber cambiado.

Nota informativa

El BOE, en fecha 29 de diciembre de 2021, publicó la Ley de Medidas Urgentes para reducción de la temporalidad en las Administraciones Públicas (Ley 20/2021, de 28 de diciembre); instrumento con el que, en principio, se pretende dar respuesta y resolver el abuso en la temporalidad que desde hace años sufren los/las profesionales al servicio de las distintas Administraciones Públicas.

A continuación les facilitamos un esquema básico con las cuestiones y aspectos más relevantes de esta norma:

  • Los nombramientos interinos por vacantes tendrán una duración o vigencia máxima de tres años. Transcurrido ese plazo, la Administración está obligada a poner en marcha un proceso selectivo para la cobertura reglamentaria o fija de la plaza.
  • El incumplimiento por parte de la Administración del plazo máximo de vigencia de tres años comportará el reconocimiento del derecho del funcionario interino a ser indemnizado económicamente en una cuantía equivalente a la indemnización por despido objetivo en el ámbito laboral (20 días por año trabajado, con prorrateo de los períodos inferiores a un año, y con un máximo de doce mensualidades). Respecto a esta posibilidad, cabe decir que la Ley establece que el derecho a percibir esta indemnización nacerá cuando se produzca el cese del funcionario, y siempre que ese cese no se produzca ni por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.
  • Por último, la Ley dispone de dos sistemas o mecanismo de regularización y estabilización de la situación administrativa del personal que, a su entrada en vigor, ya presta servicios de forma interina a las Administraciones Públicas.
  • Nombramientos interinos con una vigencia mínima de 3 años anteriores a la fecha de 31 de diciembre de 2020: se autoriza una tasa adicional para la convocatoria de procesos selectivos para la cobertura de estas plazas, y que deberá convocarse, como máximo, a 31 de diciembre de 2022. El proceso será por turno libre (es decir, abierto a todo el mundo) y el sistema selectivo que impone la Ley es el del concurso-oposición, y por tanto, con examen, pero la norma también establece que la fase de concurso (méritos) comportará el 40% de la puntuación total, y además resultará especialmente relevante la puntuación relativa a la experiencia profesional en la misma categoría, cuerpo, escala, etc., de la plaza objeto de convocatoria.
  • Nombramientos interinos con vigencia anterior a 1 de enero de 2016: en este caso, la Ley obliga a las Administraciones Públicas a convocar, por una sola vez, un proceso selectivo para la cobertura fija de estas plazas, que se tramitará por el sistema únicamente de concurso y, por tanto, sin fase de examen (únicamente por valoración de méritos).

Hay que tener presente que ninguna de estas medidas es de aplicación inmediata al personal estatutario del ICS.

En efecto, la Ley 20/2021 establece al respecto del personal docente y del personal estatutario de los servicios de salud, la obligación de que las Administraciones competentes procedan, en el plazo de un año, a modificar la normativa específica aplicable a estos dos colectivos, y únicamente si no lo hacen dentro de este plazo se aplicarán directamente las medidas establecidas en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

Preguntas frecuentes sobre este caso

¿Cuánto puede durar un nombramiento interino por vacante?

Según la nota del despacho de enero de 2022 sobre la Ley 20/2021, los nombramientos interinos por vacante tienen una vigencia máxima de tres años. Pasado ese plazo, la Administración está obligada a poner en marcha un proceso selectivo para cubrir la plaza.

¿Qué indemnización prevé la Ley 20/2021?

La misma nota explica que, si la Administración incumple el plazo máximo de tres años, el funcionario interino tiene derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades. El derecho nace con el cese, siempre que no sea por causas disciplinarias ni por renuncia voluntaria.

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